El abuso sexual es un problema psicosocial complejo, que involucra los derechos humanos de los niños y niñas y su integridad corporal, psíquica, sexual y moral. Trae consecuencias no solamente para los niños y niñas víctimas, sino para sus familias y las comunidades.

​

Prevenir su ocurrencia y evitar sus efectos adversos se convierte en un desafío para las comunidades locales comprometidas con el bienestar y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este desafío significa, en primer término “VER”, es decir, que los actores de la comunidad puedan sensibilizarse y reconocer el abuso sexual como una realidad posible. Es importante que los adultos de los entornos de los niños o niñas víctimas adopten un posicionamiento ético que reconozca que el abuso sexual es una situación grave, injusta e inaceptable, que genera un daño o perjuicio por la acción deliberada de un tercero.

​

Los actores de las comunidades deben conocer y compartir herramientas para reconocer algunas señales de alerta que permitan construir sospechas y encontrar  criterios comunes para los procesos de protección. Cuando un niño o niña devela haber vivido una situación de abuso sexual, la persona adulta que reciba el relato, desde su posición o función, debe realizar una acogida, que brinde un sentido de seguridad al niño o niña y le muestre que existen actores involucrados en su protección y cuidado y que será acompañado para poder enfrentar la experiencia vivida. Junto con esto, debe enfatizar que lo que ocurrió no es su culpa. La experiencia abusiva debe ser nombrada y validada por los adultos/as de su entorno, quienes deben protegerlo y tomar acciones para evitar que esta situación ocurra nuevamente.

​

Desde un enfoque de reconocimiento como víctima, un niño o niña que ha sido víctima de abuso sexual necesita ser tratado como un sujeto único, irrepetible e integral, que ha vivido una experiencia abusiva, pero que no se constituye como persona solo desde esa experiencia. Es importante que pueda ser visto más allá de la vulnerabilidad y el daño. Debe contar con una respuesta acorde a sus necesidades, lo que implica escucha, buen trato, empatía y protección. En este aspecto, las familias, las comunidades son referentes centrales para responder oportunamente y de manera sostenida.

En estas respuestas frente a la situación de abuso cobra relevancia la idea de la corresponsabilidad de los garantes de derecho para la protección y reparación del daño, lo que significa que ningún actor por sí mismo asume la responsabilidad de manera exclusiva, sino que se complementa con otros actores relevantes para el desarrollo y protección de niños y niñas, a través de estrategias de alianza y colaboración. Así, el “COLABORAR” es la segunda arista de la estrategia preventiva. Para ello es fundamental el trabajo en red, desde una perspectiva comunitaria y colectiva, articulando los diversos servicios y programas intersectoriales y territoriales que intervienen directamente con los niños y niñas víctimas de abusos y sus familias. Esto permite mejorar la eficacia y coherencia de la acción, y para brindar servicios integrales especializados a los niños y niñas, que contemplen sus necesidades en distintos niveles.  

​

La idea es construir circuitos de atención, que son acuerdos e itinerarios de acción que se movilizan a partir de las demandas de atención, que no pueden ser resueltas por los servicios individualmente. Es recomendable que los programas y servicios construyan protocolos de acción conjunta, lo que les permite unificar procedimientos, logrando actuaciones oportunas y coherentes; definir responsabilidades y tareas diferenciadas para cada miembro del circuito, evitando la duplicidad y la sobreintervención; y generar complementariedad y sinergia.

​

En este marco cobra relevancia el tercer pilar de la estrategia, que es “ACTUAR”, desplegar estrategias para la protección de los niños y niñas. Esto significa denunciar los hechos ante la justicia y facilitar que los hechos sean investigados y que, paralelamente, se adopten medidas para la interrupción del abuso y la estabilidad del niño o niña víctima. Una vez logrado ello, se hace posible un proceso de reparación del daño, en el que concurren actores del sistema de salud, justicia, educación y programas especializados, para abordar las consecuencias de la experiencia abusiva en distintas esferas de la vida. Lo central de este proceso es que los niños y niñas puedan recuperar el derecho a una vida plena, en la que pueda ejercer sus derechos y desarrollar las actividades y desafíos propios de su etapa de desarrollo, con la posibilidad de construir vínculos no abusivos y de confianza con diversas figuras de su entorno, de modo que pueda integrar la experiencia de abuso como parte de su biografía, pero que no define su vida ni su identidad.